El actual candidato a las primarias del centroderecha está envuelto en el "caso Bygmalion", escándalo que debe su nombre a la empresa que presuntamente emitió falsas facturas por unos 18,5 millones para que la entonces Unión por un Movimiento Popular (UMP) asumiera gastos que correspondían a la campaña.
Tras la opinión de la Fiscalía le corresponde ahora a los jueces de instrucción pronunciarse en los próximos meses si hacen suya o no la petición de juzgar a Sarkozy y a los otros protagonistas.
En caso de que estos se pronunciaran a favor antes de las primarias, previstas para los próximos 20 y 27 de noviembre en primera y segunda ronda, las posibilidades del exjefe de Estado de ganar esos comicios podrían verse afectadas.
Pero de ganar esas primeras elecciones y posteriormente las presidenciales, programadas para abril y mayo de 2017, Sarkozy tendría inmunidad y solo podría ser juzgado después de 2022, una vez terminara su mandato.
El anuncio de la Fiscalía de constituye "una nueva maniobra política grosera que no resistirá, al igual que las otras, el examen de los hechos", destacó el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, que dijo haber recibido la noticia "con estupefacción".
"Los dos años de instrucción han demostrado su ausencia total de implicación en hechos presuntamente delictivos", añadió el letrado en reacción a una petición del fiscal que llega a cuatro días de que el partido Los Republicanos (LR) cierre el plazo para presentar las candidaturas a las primarias.
La Justicia francesa trata de determinar el papel que pudo tener Sarkozy en la elaboración de esas falsas facturas.
Los magistrados sospechan que los responsables de la campaña crearon un sistema fraudulento para cargar a la UMP, actual LR, parte de los gastos electorales, que no podían sobrepasar los 22,5 millones permitidos por la ley.
Sarkozy no está imputado en este caso por fraude, sino por la presunta financiación ilegal de esa campaña, al haber superado ese tope.
El exmandatario conservador ha reiterado en diversas ocasiones que no había oído el nombre de "Bygmalion" hasta tiempo después de esa campaña, y ha alegado también que en ese periodo él no se ocupaba de los detalles porque debía dedicarse a gobernar en tanto que presidente.
Entre los otros trece imputados hay dirigentes de la antigua UMP, responsables de la campaña presidencial, directivos de la empresa de comunicación Bygmalion y de su filial Event and Cie.
