Su decisión era muy esperada en Francia por la posibilidad de que siente jurisprudencia en la treintena de municipios, incluidos Cannes o Niza, que desde principios de agosto han aprobado decretos similares para prohibir el bañador islámico, que cubre totalmente el cuerpo de la mujer.
"Esperamos que sea el final de una polémica, una polémica esencialmente política", indicó a la salida de la audiencia Patrice Spinosi, abogado de la Liga de Derechos Humanos (LDH), que había recurrido esa norma municipal contra el burkini.
El Consejo de Estado consideró que no se pueden restringir las libertades a menos que se demuestre que está amenazado el orden público, una posibilidad que abre la puerta a que las alcaldías sigan respaldando esas medidas.
"Si la tensión se mantiene alta, no lo derogaré porque el Consejo (de Estado) no me lo solicita personalmente", dijo a la cadena "BFM TV" Pierre Vivoni, alcalde socialista de la localidad corsa de Sisco, que prohibió el burkini tras una pelea entre jóvenes corsos y familias de origen magrebí.
El Gobierno descarta promover una legislación específica de carácter nacional, pero no ha mantenido una posición unánime sobre las iniciativas locales para vetar el bañador islámico.
Aunque el primer ministro, Manuel Valls, las respalda, la titular de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, considera que la prohibición de ese bañador que cubre completamente el cuerpo de la mujer constituye "una deriva peligrosa para la cohesión nacional".
La oposición de derechas, por su parte, solicita al Ejecutivo medidas concretas y adelanta propuestas como la del expresidente conservador y candidato a las primarias de Los Republicanos, Nicolas Sarkozy, que aboga por prohibir todo signo religioso en la escuela, la universidad, la Administración y las empresas.
