Valls, en un discurso ante los interlocutores sociales, señaló que se trata de "un nuevo comienzo" e insistió en que su Ejecutivo ha aprovechado el plazo suplementario que se había dado ante las voces de rechazo, que se tradujo en una primera jornada de protestas en la calle el día 9.
Con las concesiones que contiene el proyecto de ley, el Gobierno socialista pretende convencer a los sindicatos reformistas y en especial a la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), que no pedía la retirada de la primera versión -como los que organizaron las manifestaciones del día 9-, sino varios cambios.
La principal de esas concesiones es la renuncia a establecer un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por "un baremo indicativo" que servirá de referencia para los jueces de lo social.
Valls también dio marcha atrás parcial en otra exigencia de la CFDT sobre las causas que podrán esgrimir las empresas para proceder a despidos económicos, entre los que se incluyen la caída de ingresos o una pérdida de explotación.
Como los sindicatos temían que las grandes corporaciones usaran artificios contables para forzar pérdidas en sus filiales francesas y poder así despedir, el Gobierno deja que sean los jueces los que establezcan si ha habido una voluntad de falsear las cuentas.
"Los grandes grupos no podrán provocar artificialmente dificultades económicas en su implantación francesa para justificar un despido sin ser sancionados", aseguró el primer ministro.
