Las condiciones que exigía han acabado por resultar incluso excesivas para el gobierno madrileño que tanto defendió su instalación en Alcorcón, enfrentándose no hace mucho al gobierno de Rajoy al que pidió celeridad y decisión para no perder el proyecto millonario.
Aunque durante un tiempo pareció que podía venderse incluso el alma al diablo con tal de amarrar una inversión de esa envergadura, al fin se ha impuesto la sensatez, la ley y la dignidad. Es evidente que no era aceptable saltarse la ley del tabaco solo allí y dejar entrar a menores en el complejo. Por no hablar de los fantasmales 200 mil puestos de trabajo, nunca concretados, del que sí se sabía que serían copados por americanos en la cúpula ejecutiva y directiva. Pedían cambiar la ley de extranjería para traerse inmigrantes que harían las tareas menos cualificadas , y puestos a exigir, querían no tener que pagar a la Seguridad social durante dos años, ni ningún otro impuesto durante el mismo tiempo, 10 años de exención del IBI, exclusividad en el negocio durante una década y que la inversión total les fuera revertida en un plazo determinado.
Todo esto era ya sabido, no es cosa de hoy. Y sabiéndolo, había quién defendía todas esas cesiones. Afortunadamente el gobierno ha decidido salvar la legalidad vigente en España y de paso, la dignidad
