Esta semana Francia se prepara para aprobar una ley que regulará la actividad de los influencers. Una de las cosas que más preocupan al gobierno francés son las promociones de productos sospechosos y los fraudes que ocurren a diario y el impacto negativo que puede tener la sobreexposición a imágenes corporales pueden tener en la salud mental de los jóvenes causándoles angustia, ansiedad o depresión.
Se busca mediante esta nueva ley conseguir la transparencia en la publicidad de los creadores de contenido. Por ello, establece que si suben a sus redes contenido comercial y desean retocar su apariencia física (mediante un filtro, por ejemplo) se debe indicar en la fotografía o vídeo que la imagen está editada. El incumplimiento de esta normativa llevará a sanciones entre las que se incluyen multas y penas de cárcel.
A Cyprien, Norman y Squeezie los siguen en Francia más de 33 millones de personas en sus respectivos canales de Youtube. El programa más visto allí en el mes de marzo fue una serie que se viene emitiendo desde 1992. Su cuota de pantalla fueron 11 millones de telespectadores, apenas un tercio de los que eligen entretenerse con los vídeos de los influencers antes mencionados. Una cuota de pantalla que nos permite hacernos una idea del enorme potencial que reúnen como plataforma publicitaria.
Esta cantidad de público viendo contenidos en las redes fue rápidamente captada por los anunciantes que apostaron por destinar a las plataformas una parte de sus presupuestos dedicados a publicitarse. Y esta actividad comercial es la que de manera trasversal quiere regular el Gobierno francés. Se trata de que los instagramers, youtubers, bloggers, tiktokers, se atengan a las mismas reglas publicitarias que los medios tradicionales. Y esa es la intención que recoge una proposición de ley aprobada por unanimidad el pasado 30 de marzo en la Asamblea Nacional francesa. Pero este conjunto de reglas es más minucioso que otras en el ámbito europeo porque se incluyen en el texto prohibiciones taxativas. Por ejemplo, promociones relacionadas con productos financieros, servicios de cirugía estética o apuestas deportivas. El objetivo es proteger a los usuarios frente a mensajes que puedan incurrir en un hecho delictivo.
Stéphane Vojetta, es representante de la Asamblea Nacional de los franceses que viven en España y uno de los impulsores de esta propuesta y nos explica en La Brújula las claves de esta normativa. Según explica Vojetta es "un texto muy amplio con un marco regulatorio y estricto".