El PSOE y Unidas Podemos registraron el pasado viernes la propuesta en el Congreso de los Diputados para la derogación del actual delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. Con esto, se producirá una reducción de los años de prisión e inhabilitación que recoge el Código Penal vigente, rebaja de la que se beneficiarán los independentistas catalanes condenados.
Reforma del delito de sedición en pro de la "convivencia"
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defiende en 'Más de uno' que la rebaja de las penas por sedición contribuirá a fomentar la "convivencia" en Cataluña.
Así, asegura que el Gobierno ha reconducido a los independentistas a cumplir con la ley y celebra que el independentismo catalán tenga cada vez menos apoyo: "el Gobierno puede presumir de haber mejorado la convivencia en Cataluña".
"En este país se saltaron las reglas y los hemos reconducido para que acepten las normas democráticas", sostiene Rodríguez, quien insiste en la importancia de hacer política, de "avanzar en el diálogo" y de utilizar los "canales democráticos".
Extraditar a los condenados fugados
Isabel Rodríguez sostiene que la reforma del delito de sedición era un compromiso de Pedro Sánchez y del Gobierno para homologar el Código Penal al de otros países de nuestro entorno, lo que, según el Gobierno, beneficiará la extradición de los condenados que huyeron de España para evitar la cárcel, como es el caso de Carles Puigdemont.
El Gobierno pretende que Puigdemont venga a España, dé cuentas ante la Justicia y cumpla sus penas
"Ha resultado imposible que se haya producido con éxito la extradición de aquellos que se fugaron como consecuencia de esos hechos", denuncia Rodríguez sobre la "complicación" para aplicar la euroorden.
"Puigdemont comparecerá ante la Justicia"
La ministra portavoz insiste en aclarar que el Gobierno no trata de favorecer a los independentistas, sino que con esta reforma pretende que Puigdemont "venga aquí, dé cuentas ante la Justicia y cumpla sus penas".
En este sentido, se muestra segura de que "la homologación de penas facilita la extradición" y, por tanto, Puigdemont comparecerá ante la Justicia española.
El delito de rebelión garantiza el orden constitucional
Por otro lado, la ministra asegura que, a día de hoy, "España cuenta con todas las garantías para el mantenimiento del orden constitucional" a través del delito de rebelión, que contempla penas de entre 15 y 30 años de prisión.
El 155 se debería haber aplicado mucho antes
Sobre lo ocurrido durante la declaración de independencia de Cataluña en el año 2017, Rodríguez considera que se debería haber aplicado el artículo 155 mucho antes, "en el mismo momento en que se articula en un Parlamento una declaración unilateral de independencia".
