Si la investidura de Pedro Sánchez fue accidentada, aún más lo están siendo los primeros pasos de la nueva legislatura. El miércoles se celebró su inauguración solemne y todo fueron desplantes y reproches. En esta semana, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial acusó de desviación de poder al fiscal general del Estado, ambos designados por el Gobierno.
Mientras se tramita la ley de amnistía, los tribunales siguen activando las causas contra los independentistas y el Senado se prepara para oponerse a todo lo que venga del Congreso. Ignacio Varela ha puesto nombre a esto: lo llama “choque institucional generalizado”, y sospecha que esa será la tónica de toda la legislatura.
