Marbella Alfonso Olaso

Si lo echaban de menos, no se preocupen que ya está aquí de nuevo y seguro que se queda con nosotros un tiempo, otra vez. Las lindes entre Marbella y Benahavís vuelven a escena, ahora a raíz de la decisión definitiva de la Junta de establecer el límite entre ambos municipios en donde estaba allá por 1873. Lo comunicó ayer Opción Sampedreña sacando pecho porque era lo que en julio pasado, recordarán la polémica originada, explicaron tanto la formación como su socio de gobierno. En aquel momento, seguimos refrescando la memoria, se debía aprobar en pleno una línea de separación para poder adaptar el PGOU de 1986 a la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tal y como indicaba el Ejecutivo autonómico. Y explicaron una vez tras otra que eso nada tenía que ver con que el límite real entre ambas localidades se alterase, porque ése era único e inamovible, palabra ésta, por cierto, empleada ahora por la Junta en su determinación final. O sea, que la linde está donde está; en donde estaba en 1873, repetimos, porque así lo ha determinado el Gobierno regional. Y ahora entra en escena un nuevo protagonista en la historia que veremos cómo actúa. Según explican en OSP y así lo van a solicitar al Pleno, el PGOU debe considerar -ahora sí se puede hacer porque está aprobada precisamente la adaptación a la LOUA- esa linde y no las demás origen de la polémica.

Esta vez no han sido los políticos. En esta ocasión han sido los profesionales los que han ido a Sevilla para preguntar por uno de los proyectos pendientes de la Junta de Andalucía: el Palacio de Justicia de Marbella. La cita fue ayer en la consejería de Interior y Justicia. Los protagonistas, la viceconsejera y tres representantes del sector en Marbella, entre ellos, el fiscal jefe, Julio Martínez Carazo. Querían saber básicamente si al Gobierno regional le parecía bien el inmueble ofrecido por el Ayuntamiento -ese embargado a Roca que está junto al hospital Costa del Sol- y si tenía capacidad para hacerse cargo de la obra, una vez el Ayuntamiento recepcionara el inmueble. La respuesta fue más allá de la pregunta: hay un acuerdo entre ambas administraciones -al que le falta la firma, eso sí- para poner en marcha el proyecto cuanto antes. Queda por ver si da incluso para evitar que las elecciones autonómicas y los impedimentos que hay en campaña electoral lo retrase. También hay aquí buenas vibraciones. Según percibió en el encuentro Martínez Carazo, claro.

Nueve meses lleva generando polémica el estado final en el que debe quedar la céntrica avenida sampedreña Marqués del Duero. La lucha entre los que la prefieren peatonal y los que abogan por que sigan pasando coches por ella no ha cesado desde febrero, cuando los comerciantes pidieron que se reabriera al tráfico, una vez habían concluido las obras de remodelación de la vía, aunque luego se vio que no estaban terminadas técnicamente; de hecho, aún no lo están. Durante este tiempo, ha habido declaraciones de todo tipo, una encuesta promovida por la Tenencia de Alcaldía frustrada, un verano que los responsables municipales presentaron como termómetro para los comerciantes y turistas, y un sondeo sobre los hábitos de los vecinos en los que una de las preguntas era cómo preferían la otrora calle principal de la localidad, si es que no lo sigue siendo. Todo ello para que, apunten bien, la decisión final la tome, en todo caso, el nuevo Ejecutivo local que salga de las urnas de mayo próximo. Así que, entre que son las elecciones y se forma el Gobierno, quedan aún siete meses y medio de esta historia. Insistimos, como mínimo y atendiendo a lo manifestado por el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña. La cuestión tiene no obstante su trasfondo, porque mientras se decide qué hacer, la calle sigue sin abrirse al tráfico; o sea, es peatonal, a efectos prácticos.