Los expertos designados por la comisión mixta Generalitat-Corts para la reforma de la financiación autonómica han concluido que el borrador presentado en diciembre por el Ministerio de Hacienda no es suficiente para solucionar la infrafinanciación valenciana, por lo que apuestan por que el nuevo modelo se base en el criterio de población ajustada sin disfunciones y aborde tanto la deuda histórica acumulada en los últimos años como la cogobernanza fiscal entre administraciones.
Así lo recogen las conclusiones que los técnicos han presentado este miércoles a la comisión mixta en Les Corts y a la Plataforma per un Finançament Just en la Generalitat, a unos días de que acabe el lunes 31 el plazo para que las autonomías presenten alegaciones al 'esqueleto' del Gobierno.
En el informe, los expertos advierten que el borrador de Hacienda y su planteamiento de la población ajustada "no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación de la Comunitat, pues con algunos de los indicadores que se contemplan con escaso fundamento podría mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas".
Apuestan así por eliminar los fondos del sistema de financiación que provocan "el mayor alejamiento de la media de la Comunitat" y que todos los recursos se distribuyan en base a la población ajustada. También insisten en pedir un fondo de nivelación transitorio en 2022 hasta que llegue la "inaplazable" reforma, un mecanismo transparente para compensar la deuda histórica a las CCAA infrafinanciadas y que el Gobierno garantice la suficiencia financiera para mantener el Estado del Bienestar.
PUIG ASUME LAS CONCLUSIONES Y PIDE UNIDAD
Tras conocer las conclusiones, a través de una declaración institucional, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que las asumirán en las alegaciones que enviarán al Ministerio y ha pedido "unidad de negociación" de los partidos políticos para lograr "el gran acuerdo de una España justa".Puig, también líder del PSPV, ha exigido la aplicación urgente del fondo de nivelación, que el nuevo modelo elimine las variables no poblacionales y garantice la suficiencia para no quedar "obsoleto" en unos años, que haya más participación de las CCAA en los impuestos y que la compensación de la deuda sea de manera objetiva.
Según ha explicado, la Generalitat propone cambios técnicos para recalcular las variables en el nuevo modelo. En sanidad, utilizar la población de derecho por tramos de edad en lugar de la protegida; en educación, incluir toda la población de 0 a 17 años, y en servicios sociales incorporar la población dependiente de menos de 65 años y ajustar esta variable al gasto real.
En la reunión con la plataforma también ha participado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien previamente ha destacado que las alegaciones son fruto de la unidad y el "rigor" para alejar "cualquier mirada partidista". Una unidad que ve más importante que el contenido del documento, donde ha garantizado que se han realizado revisiones "con total libertad".
Soler ha recordado que quedan "muchos meses para estudiarlo", de cara a la futura negociación de la reforma, y ha confiado en que el documento de alegaciones "se envíe a Madrid tal y como está", dado que el comité de expertos que asesora a la Generalitat en esta materia se constituyó en 2013 y tiene "todas las garantías".
El también socialista José Muñoz ha valorado las conclusiones como un buen punto de partida y ha garantizado que velarán porque prime el criterio de población ajustada, para lo que ha pedido la colaboración del resto de los partidos. Ha reconocido que están "preocupados" por declaraciones como las de Pablo Casado al defender un modelo "totalmente diferente", por lo que ha pedido la colaboración del PP.
De Compromís, la coportavoz Àgueda Micó ha defendido que "toca continuar con la presión" a los diputados nacionales para que apoyen una reforma basada en la propuesta valenciana. Su portavoz adjunta en Les Corts Aitana Mas ha insistido en centrar el debate en la población ajustada y ha reconocido que le gustaría haber recibido el informe previamente.
También del Botànic, la síndica de UP, Pilar Lima, ha exigido que el nuevo modelo vaya acompañado de una reforma fiscal y compense una deuda histórica ya "impagable" después de tantos años. Su compañera Estefania Blanes ha pedido que los ajustes de la población ajustada no vayan "en contra" de los intereses valencianos y que la negociación no se convierta en una "batalla entre comunidades".
"TODO EL APOYO" DEL PPCV
Entre la oposición, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha garantizado que la propuesta cuenta "con todo el apoyo" de su partido, a falta de estudiarla a fondo, para lo que ha instado al Gobierno a seguir adelante porque "la pelota vuelve a estar en el tejado de Pedro Sánchez".
De Cs, su síndica, Ruth Merino, ha avisado que "ya no valen más excusas ni retrasos ni patadas adelante" y ha exigido valentía al Gobierno y que no tarde en convocar a las CCAA. También la diputada Yaneth Giraldo ha dudado que la ministra, la socialista Mª Jesús Montero, vaya a tener en cuenta las alegaciones y tenga "voluntad política", además de preguntarse qué pasará con el cupo vasco.
SINDICATOS Y PATRONAL
Entre los agentes sociales, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha mostrado su apoyo "sin fisuras" a las alegaciones y ha destacado que no solo se centran en la situación de la Comunitat, sino que proponen "un sistema más justo". Para que sea realidad ha exigido unanimidad y no "enturbiar" el proceso, aunque ha reconocido que no será fácil.Como secretaria de CCOO PV, Ana García ha pedido "altura de miras" tanto al Gobierno como al resto de autonomías y ha defendido que se inicie una reforma fiscal a medio o largo plazo, además de destacar que las constantes reivindicaciones de la plataforma hayan situado el debate en la agenda nacional.
De la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro ha resaltado la unidad de los partidos y la sociedad civil y ha insistido en que la reforma incluya tanto el fondo de nivelación como la compensación de la deuda valenciana vinculada a la infrafinanciación que "ya está cerca del 50%".
